La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de España (Muface) amplía su cartera de servicios e incorporará la reproducción asistida para mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales y personas trans con capacidad de gestar. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha asegurado que esta incorporación se realizará “a partir de este mes”.

Este anuncio se produce después de que, el pasado 5 de noviembre, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informara de la ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) para facilitar la gestación de estos colectivos. Hasta ese momento la normativa actual solo permitía el acceso a estas técnicas para fines terapéuticos o prevención de enfermedades transmisibles.

Modernización de las Administraciones Públicas

Por otro lado, María Jesús Montero ha explicado las líneas generales de la política de su departamento en materia de Función Pública y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con unas Administraciones Públicas modernas, de calidad, adaptadas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y capaces de afrontar los retos futuros. “La modernización de las Administraciones Públicas es un elemento fundamental para su legitimación social”, ha defendido.

La ministra ha reivindicado el papel clave de lo público dentro del “contrato social” del que se ha dotado la sociedad “para redistribuir la riqueza y eliminar inequidades”, además de como impulsor del dinamismo económico, de la innovación, de la investigación y de la capacitación del capital humano que luego se traslada a la economía en su conjunto.

“Miremos donde miremos, las Administraciones Públicas son la clave de bóveda de nuestro modelo de convivencia, de nuestro bienestar social y de nuestro progreso económico”, ha insistido Montero, quien también ha recordado “cuando en lo peor de la pandemia todo el país se confinó y solo los sectores esenciales y las Administraciones Públicas estuvieron trabajando sin descanso”, además de su irreemplazable papel en acontecimientos de toda índole, como la erupción del volcán en La Palma, las inundaciones en Andalucía, Extremadura y Baleares o los miles de incendios registrados el pasado verano.

Objetivo específico: reducir la temporalidad por debajo del 8%

La ministra ha explicado los objetivos específicos de su departamento en el ámbito de la Función Pública. En primer lugar, ha ratificado el compromiso del Gobierno con el empleo estable y de calidad: “Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público aprobando las OPE de estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022”, ha afirmado.

Montero ha recordado que el objetivo del Gobierno es reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las administraciones. Se trata de una exigencia que sólo cumple la Administración General del Estado (7,04 por ciento), frente a las cifras mucho más elevadas de otras administraciones territoriales, que elevan la media estatal hasta el 30 por ciento, una temporalidad que está por encima de la del sector privado (23,6 por ciento).

“No es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal”, ha recalcado la ministra. En este sentido, se ha referido al Real Decreto-ley 14/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público aprobado en Consejo de Ministros el 6 de julio y que se está tramitando como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados.

Acto seguido, Montero ha calificado de “razonable” y ha señalado que va “en línea con las disposiciones judiciales” el acuerdo que diferentes formaciones políticas alcanzaron hace unos días según el que se estabilizarán las plazas estructurales que lleven al menos cinco años ocupadas de forma interina, así como aquellas ocupadas por empleados interinos que lleven más de cinco años en la Administración.

La ministra ha hecho responsables de las altas tasas de temporalidad existentes en la Administración a la crisis económica de 2008 y a las políticas de austeridad de los Gobiernos de la derecha. Éstos, ha afirmado, suprimieron las ofertas de empleo público y no cubrieron las plazas que quedaban vacantes. La titular de Hacienda y Función Pública ha recordado que la tasa de reposición entre 2012 y 2015 fue del 0 por ciento, salvo para los sectores prioritarios, en los que como mucho alcanzó el 10 por ciento.

Como contraste, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 elevaron la tasa de reposición general hasta el 100%, para situarse en el 110% y en el 115% en determinados sectores y circunstancias. Y en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se incluye una tasa de reposición del 110% como tasa general, del 120% para sectores prioritarios (sanidad, educación o ciencia) y del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

En total, en los tres años de Gobierno de Pedro Sánchez, la oferta de empleo público ha ascendido a las 109.718 plazas, cantidad un 73 por ciento superior a la registrada entre 2012 y 2017. María Jesús Montero ha anticipado que la entrada en vigor del Real Decreto de interinos llevará a una eliminación de facto de la tasa de reposición: la obligatoriedad de convocar las plazas antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal implicará que la tasa de reposición se tendrá que adaptar al volumen de plazas y a las ofertas de empleo público y no al revés.

La ministra también ha apuntado la necesidad de afrontar el reto de la elevada edad media de las plantillas: el 66 por ciento de los empleados de la AGE tienen más de 50 años, lo que supone que entre 2021 y 2023, casi el 57 por ciento de la plantilla estará jubilada. “Necesitamos, pues, rejuvenecer las plantillas públicas, y para ello tenemos que conseguir que trabajar para la Administración Pública sea una opción atractiva para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. Necesitamos captar talento”, ha explicado Montero.

A este respecto, la ministra se ha referido al Plan de Captación de Talento que se aprobó en abril con dos objetivos: dar a conocer la AGE y la variedad de puestos que ofrece y captar talento, fundamentalmente digital y de perfiles especializados en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Como medidas contempladas en este Plan además se cuentan el análisis de los nuevos perfiles profesionales de la Administración del siglo XXI o la elaboración de un documento de orientaciones para el cambio de los procesos selectivos en la AGE.

También en materia de formación, la ministra ha destacado el papel del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) tanto como centro de referencia en materia de selección de empleo como de formación y aprendizaje continuo de los empleados y las empleadas públicas.

Administraciones Públicas y Plan de Recuperación

La ministra también ha hecho referencia al componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es la modernización de la administración pública. Montero ha enumerado sus ejes fundamentales, entre los que destacan el avance en la transformación digital de la Administración; el progreso en la transición energética, incluyendo medidas para el ahorro, la eficiencia, el uso de renovables y la movilidad sostenible; o la mejora de la gestión administrativa y financiera, el refuerzo de la contratación pública y la propia ejecución y gobernanza del Plan de Recuperación.

El cumplimiento de estos objetivos va a requerir una inversión estimada de 4.315 millones de euros, “una cantidad sin precedentes y que sin duda va a suponer un antes y un después en el desempeño de las Administraciones Públicas en este país”, en palabras de la ministra.

Montero ha defendido estas inversiones para la modernización de la Administración: “Sólo si el sector público es capaz de atender las necesidades y expectativas de una clase media y trabajadora que sufraga con sus impuestos el Estado del Bienestar, éstos tendrán posibilidad de ser sostenibles en el tiempo”. “Sólo si logramos una Administración más fuerte y proactiva, que incorpore derechos y servicios de nueva generación, que rinda cuentas de forma más transparente, y que facilite la participación de la ciudadanía en el diseño de esos servicios, podrá mantener en el tiempo el reconocimiento y el aprecio de la sociedad”, ha insistido la ministra de Hacienda y Función Pública.