La reversión del Hospital Universitario de la Ribera a la gestión pública directa ha fracasado. Ésta es una realidad que se sustenta con datos objetivos: hay más lista de espera para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas; por primera vez, se desvían pacientes a clínicas privadas; se compra material y medicación hasta un 70% más caro que antes de la reversión; los mejores profesionales se marchan a otros departamentos de salud por el empeoramiento de las condiciones laborales; las Urgencias están saturadas casi a diario y los sindicatos convocaron en diciembre, por primera vez en la historia de este hospital, una protesta unánime contra el cambio de condiciones laborales, las presiones y el acoso que sufren muchos trabajadores de la plantilla.

La reversión a la gestión pública directa del Hospital Universitario de La Ribera empezó con mal pie: la Conselleria no convocó las reuniones de coordinación para el traspaso de la gestión hasta apenas unas semanas antes; ignoró los informes técnicos solventes que advertían de la falta de planificación y preparación de la reversión; no licitó los concursos de servicios y mantenimiento con tiempo suficiente; e improvisó con el personal laboral, que ahora es "personal a extinguir” y cuyo futuro pende de un hilo con la próxima negociación del convenio colectivo.

Sanidad, bajo las órdenes de la ex consellera y ex ministra Carmen Montón, entró en Alzira como un elefante en una cacharrería: despidió a una docena de personas clave para que el hospital siguiera funcionando sin tantos problemas (seis de esos despidos ya han sido declarados improcedentes por los tribunales y se han ordenado cuatro readmisiones); contrató a más de 500 personas, muchas de ellas sin experiencia; y se centró en destruir en lugar de aprovechar los 18 años de vida y experiencia del hospital y sus profesionales. Hasta hoy, los despidos improcedentes por sentencia le han costado a la Administración (y a todos los valencianos) más de 330.000 euros.

Desde el primer día tras la reversión hubo problemas con los pedidos, el mantenimiento de las instalaciones, el aparcamiento, las citaciones, las nóminas, los turnos y las sustituciones. Por eso en verano no había médicos suficientes y tampoco durante la crisis de la gripe. Y por eso también el aparcamiento se inundó por primera vez en 20 años. Porque si un hospital no se cuida y se acosa al personal, lo pagan los pacientes. Y por ende, todos los ciudadanos.

Ya lo ha advertido el Síndic de Comptes en dos ocasiones. La gestión privada de los hospitales públicos en la Comunidad Valenciana ahorra a las arcas públicas un 25% por la eficiencia en la organización, la flexibilidad en la gestión de los recursos humanos y la política de incentivos del personal. Y todo ello, con una satisfacción muy superior por parte de los pacientes y unas listas de espera mucho más bajas que en la media de hospitales públicos de gestión directa de la Conselleria.

El problema fue, desde el principio, que la reversión se planteó desde el interés político y no desde la búsqueda de una mejor atención a los pacientes. Y cuando no se piensa en el interés general, la consecuencia es que se gasta más y la atención es peor. O dicho con datos concretos: se desvían más de 7.000 resonancias a una empresa privada, hay pendientes más de 3.000 biopsias y la lista de espera amenaza con colapsar el departamento de La Ribera. Y a ver quién revierte ahora esa situación.