Esta sesión informativa, celebrada el pasado 6 de septiembre, fue impulsada por ACES, junto con la Asociación de Centros de Atención a la Dependencia de Cataluña (ACAD) y la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR). Se centró en la presentación del nuevo anteproyecto de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria del Departamento de Derechos Sociales.

Con esta futura norma, Cataluña apuesta claramente por la atención integrada social y sanitaria como herramienta estratégica para garantizar una respuesta de calidad y equitativa a las personas con necesidades de atención: personas mayores, con discapacidad, con problemática social derivada de salud mental y, en general, a todas las personas con necesidades complejas.

La sesión, que se desarrolló en la sede de ACES, contó con el presidente de la patronal, Lluís Monset y de la directora general, Anna Zarzosa; con el presidente de ACAD Joan Gràcia; y con Daniel Barnau, miembro de la junta directiva de UPIMIR. Por parte de la administración catalana asistieron Montserrat Vilella Cuadrada, directora general de la Autonomía Personal y la Discapacidad del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat y Jordi Amblàs, director estratégico de Atención Integrada Social y Sanitaria del Departamento de Salud de la Generalitat.

El objetivo global de la ley es conseguir una atención integrada de acuerdo con un modelo centrado en la persona. Se trata en definitiva de que esta última afirmación deje de ser un mero eslogan y se convierta en realidad. La finalidad última es mejorar los resultados desde una cuádruple perspectiva: en la salud y el bienestar de las personas; en la experiencia de atención percibida de las personas en su entorno de cuidado; en la adecuación en la utilización (eficiencia) de los servicios sanitarios y sociales) y en la experiencia de la atención por parte de los propios profesionales del sector.

Para elaborar la futura norma -y para lograr los objetivos propuestos- se han identificado dos elementos clave cuyo papel es transversal: la capacidad de individualizar la atención basándose en las necesidades específicas y el desarrollo de una planificación territorial integrada.

Durante la sesión se puso de manifiesto que existe una expectativa positiva ante la futura ley, así como un fuerte consenso político y social ante su aprobación e implementación. Como obstáculos se señalaron la situación de dificultad que viven en este momento los equipos profesionales de la atención social y sanitaria -tanto por estrés como por falta de efectivos- la persistencia de culturas diferentes y la persistencia de una falta de mirada sistémica.

De todos modos, se subrayó que son mucho mayores las fortalezas y que este hecho permitirá realizar un buen despliegue de la norma que, por otra parte, ha implicado intensamente a distintos grupos de trabajo durante los dos últimos años. En estos grupos han participado expertos en atención en el ámbito residencial, en atención domiciliaria, en salud mental y por último, pero no menos importante, en integración de sistemas de información social y sanitario, un factor determinante para el éxito de la norma.