Tocamos el tema de la prevención de riesgos psicosociales, ilustrada con los perjuicios de no planificarlos, por ejemplo en la sanidad, y de paso alguna propuesta.

Comienzo diciendo que la Guía práctica para empresarios elaborada por la UE en materia preventiva derivada de la Comunicación de la Comisión Europea sobre modernización de seguridad y salud en el trabajo, de 10.01.17, ya dijo que la evaluación no será exitosa si se entiende como forma de cumplimiento un requerimiento legal y no como un valor empresarial. Pero, sobre todo, el Congreso mundial sobre seguridad y salud en el trabajo celebrado el 02.09.11 en Estambul demostró que por cada euro de inversión en prevención cabe esperar un rendimiento económico de hasta 2,20 €. Así que, incluso desde el punto de vista económico, esto sale a cuenta.

Pues bien, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales va para su 30 cumpleaños y en muchos casos sigue sin cumplirse en lo tocante a los riesgos psicosociales, lo que no solo perjudica la salud de los trabajadores sino también la atención sanitaria de los usuarios, que se deteriora y demora cada vez más, y además impide dimensionar debidamente las plantillas.

Me sirve como ejemplo el caso de la sanidad pública, que está en mantillas en este aspecto, lo que a mi entender está en la base de su situación actual, de la que en este momento creo que solo saldremos mediante conciertos con la privada.

Algún servicio de salud inició tímidamente una evaluación, solo la parte cuantitativa, mediante una encuesta que ya evidenció graves riesgos. Uno de ellos, como no, por cargas de trabajo excesivas (y eso que aún no había llegado la pandemia por COVID 19). Por hacernos una idea del nivel de riesgo detectado, en algunos centros habría que haber parado el trabajo hasta reducir el riesgo, lo cual no es posible en un servicio público de salud. Aún quedaba la parte cualitativa, por puestos y, tras ella, lo más importante: adoptar las medidas necesarias para evitar los riesgos detectados, que en lo tocante a cargas de trabajo pasaría inevitablemente, entre otras cosas, por contratar más personal en los centros o servicios en los que aquellas cargas fueran excesivas. Y hasta ahí podíamos llegar. No se completó la evaluación ni, por supuesto, se adoptó ninguna medida preventiva que, sin duda, hubiera supuesto mejorar también la atención al paciente. Por ilustrarlo en términos sanitarios, es como si a un paciente que viene a urgencias le diagnosticamos un IAM y, a continuación, lo mandamos a casa sin tratamiento alguno.

Los perjuicios por la falta de planificación son demoledores. Por supuesto para el personal sanitario: sobrecarga, strés, presión, burn out… Baste decir que hoy el PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo) de la OMC está lleno de patologías psíquicas relacionadas con problemas laborales. Pero es que el paciente, centro y norte de todo, ve cómo se deteriora la atención que le presta un personal escaso y saturado.

Así que ya no hablamos de lo que conviene, sino de lo absolutamente necesario e incluso urgente.

No podemos sacar sanitarios de la chistera, así que creo que lo urgente hoy pasa por la concertación pública-privada para, de inmediato, y al mismo tiempo ponerse manos a la obra en cumplir la LPRL. Antes de nada dotando debidamente los Servicios de Prevención de Riesgos, usualmente los primeros infradotados.

Lo agradecerían los pacientes, los sanitarios y unos servicios ya bien dimensionados.