La disputa entre Estado y Mercado es tan antigua como la propia humanidad, en el fondo se trata de la prevalencia entre sociedad o individuo. Podríamos decir casi como verdad incuestionable que el Estado es una necesidad y que habiéndose manifestado así a lo largo de los tiempos, tal y como reconoce cualquier corriente ideológica, el Estado tiene como principal misión garantizar aquellos derechos que los individuos que constituyen la sociedad consideran fundamentales. En el siglo XX algunos estados trataron de proporcionarlo todo, y resultaron ser un estrepitoso además de doloroso fracaso. Y es que olvidaron que las cosas las hacen las personas y éstas tienen una psicología muy particular, la de la acción por la recompensa. Si no obtienes recompensa, simplemente no te esfuerzas.

En la actualidad la sanidad es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad y el Estado debe garantizar el acceso a la misma sin distinción alguna. El principal problema surge cuando aquellos que dirigen las acciones del Estado confunden que todos los individuos tengan derecho a la salud con que sea el Estado quien proporcione todos los servicios. Garantizar una cosa no es sinónimo de proporcionarla. Es verdad que el Mercado, tal y como postulaba Adam Smith hace 250 años, es capaz de proporcionar soluciones eficientes a las necesidades humanas, pero también reconoce que el Mercado comete errores o presenta carencias y si todo dependiera de la iniciativa privada, una parte de la población quedaría totalmente desprotegida. En consecuencia, el Estado está obligado a proporcionar lo que el Mercado no es capaz de resolver, pero si pretende abordar lo que el Mercado realiza, lo hará de manera ineficiente, consumiendo exceso de recursos y perjudicando finalmente a quienes se encuentran en posición vulnerable.

Actualmente vivimos no sin preocupación un Estado que presenta síntomas de enemistad con una parte de la solución en el ámbito de la salud, el sector privado sanitario, constituido por clínicas y hospitales privados, aseguradoras, proveedores, farmacéuticas, etc., un Estado que juega a las reglas del monopolio, regulando para sí y tratando de confundir a la sociedad con una sanidad pública como si ésta fuera la sanidad universal, verdadero objetivo del Estado. Quiero pensar que no es más que simple ignorancia y no mala fe cuando arrojan sobre el sector privado la sospecha de la falta de valores o de humanidad. El lema “sanidad pública para todos” implica erradicar la sanidad privada, su elevado grado de especialización en muchas de las disciplinas de la medicina, el tildar de menos éticos al personal sanitario solo por quien le paga su nómina, implica impedir al personal sanitario a optar por mejores condiciones salariales que surgen de la competencia por los servicios al paciente, y condenarlo a la mayor responsabilidad de todas, la vida humana, pero con salarios pobres, como siempre ocurre con cualquier monopolio, sea público o privado.

La sanidad universal solo puede lograrse coordinando una sanidad pública para quienes no puedan acceder a una privada y dirigir hacia la privada a quienes sí pueden financiarse su propia cobertura. No pueden decir aquellos que defienden la sanidad pública para todos que nuestro sistema público sea un éxito. No lo es. Según el Euro Consumer Health Index, España ocupa un discreto puesto 19 de 35 países. Y seguirá así mientras algunos sigan pensando que el sector sanitario privado es el enemigo a batir. Al contrario, es parte de la solución.