Nuestro sistema sanitario se asienta en el artículo 43 de la Constitución, refrendada en el año 78 por todos los españoles, que garantiza la protección de la salud a todos los ciudadanos, encomendando a los poderes públicos, “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de prestaciones y servicios necesarios en cada caso”. Fruto de este principio que emana de nuestra Carta Magna surge todo el ordenamiento jurídico relacionado con nuestro sistema, teniendo a la Ley General de Sanidad (LGS) promulgada en el año 86, la Ley de Autonomía del Paciente (2002), la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003) y la Ley de Transparencia (2013) como ejes sobre los que se articulan buena parte de las políticas sanitarias en nuestro país.

"Es patente que el sistema público se hace cada día más insuficiente".

Nuestro sistema sigue los principios del modelo Beveridge (tiene su origen en el informe del mismo nombre elaborado en 1942 y en el sistema de salud británico - National Health System – NHS – de 1948 y es seguido en países como Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, España, Italia y Portugal, entre otros) asentado en Europa junto al modelo Bismark (nace en 1883 en Alemania y está presente en Alemania, Bélgica, Suiza, Austria, entre otros), con características diferenciales muy acusadas que podríamos resumir diciendo que en este segundo caso (Bismark) existe una clara separación entre la financiación del sistema que se hace mediante primas y la provisión de servicios, mientras que en el modelo que sigue España (Beveridge) esto no ocurre: está todo mucho más centralizado en el regulador, que es el propio Estado, hasta el punto de que los centros asistenciales son de titularidad pública en la mayor parte de los casos, y el personal sanitario tiene el estatus de funcionario con algunas excepciones especialmente en atención primaria financiándose todo mediante impuestos. Casualmente, los sistemas que siguen el modelo Bismark como es el ejemplo holandés son los mejor valorados por sus ciudadanos según los últimos informes publicados en el mundo y en Europa.

Ante un panorama de estas características y centrándonos específicamente en nuestro país, es evidente que el modelo descentralizado (competencias sanitarias transferidas a las diferentes CC. AA.) que en su momento decidimos implantar en España (modelo Beveridge) con las características que determina la Ley General de Sanidad (universalidad, gratuidad de las prestaciones, equidad, cohesión y financiación pública fundamentalmente) precisa de una revisión en profundidad, una vez que la situación y circunstancias de nuestra sociedad no son las mismas que las existentes hace ya más de 40 años desde que se promulgó la LGS y de más de 70 desde el inicio del citado modelo Beveridge con el NHS.

Las ineficiencias y sobrecargas que generan los modelos muy rígidos, muy estatalizados, con escaso margen de maniobra y por lo tanto de adaptación a las circunstancias cambiantes que trae consigo el paso del tiempo, los escasos estímulos a sus profesionales, la decreciente inversión en términos porcentuales y reales en materia sanitaria, el incremento de la esperanza de vida, la cronicidad asociada y la dependencia (creciente demanda y presión asistencial), el incesante avance científico y tecnológico a todos los niveles en el ámbito de la salud, el escaso reconocimiento de una realidad patente como es el ingente esfuerzo y enorme valor añadido protagonizado y aportado por el emprendimiento privado en sanidad, no buscando por lo tanto las sinergias y complementariedades imprescindibles con él en beneficio del paciente entre otros muchos aspectos, están haciendo que nuestro sistema público se vea sobrecargado de inequidades, problemas de acceso en forma de listas de espera, desequilibrios territoriales evidentes, problemas de eficiencia y presupuestación recalcitrantes al establecerse en muchos casos sobre presupuesto y no sobre gasto real, dificultades con el principio de solidaridad (que no gratuidad puesto que la sanidad pública tiene un coste que asumimos todos y es más cara que la prestada por la sanidad privada) e incluso cuestiones relativas a la universalidad recientemente puestas de manifiesto por los médicos de familia a través de SEMFyC que pueden llegar a afectar o a estar afectando ya a la calidad y resultados de la asistencia prestada.

En este contexto y al igual que en otros países de la Unión Europea la sanidad de titularidad privada complementa al sistema público de salud y sin su contribución en el más amplio sentido de la palabra, el acceso, la equidad, e incluso el propio catálogo de prestaciones y servicios se pueden ver seriamente comprometidos poniendo en riesgo la viabilidad de este.

Según las estimaciones realizadas, el gasto sanitario en provisión privada asciende al 3,5% del PIB (más de 36.000 millones de euros). 8,2 millones de personas cuentan con un seguro privado, lo que implica un ahorro de entre 4.369 y 9.860 millones de euros al Sistema Nacional de Salud (SNS).

El sector privado cuenta con el 57% de los hospitales y con el 33% de las camas existentes en nuestro país, lo que facilita el acceso de la población a la asistencia sanitaria. Además, lleva a cabo el 29% de las intervenciones quirúrgicas, registra el 23% de las altas y atiende el 23% de las urgencias, realiza el 39% del total de las RM, el 16% de los TAC, el 21% de los PET y el 14% de las SPECT.

La tecnología de última generación es un aspecto clave para el sector sanitario privado y así lo demuestra la implantación de grandes avances como la protonterapia, las técnicas híbridas de diagnóstico, la biopsia líquida, las ecografías en 4D, la radioterapia intraoperatoria o la cirugía mínimamente invasiva entre otros muchos ejemplos.
Por otra parte, es destacable que los centros privados participan en 1.327 ensayos clínicos en los últimos años, que contribuye a la formación continuada y a la formación de residentes y todo ello gracias a los 262.525 profesionales que trabajan directamente en el sector.

En resumen, es patente que el sistema público se hace cada día más insuficiente y tiene más dificultades (p.e. hay previstas más huelgas de médicos en el futuro más próximo por el descontento generalizado);  se encuentra necesitado de una reforma global que lo adapte a los tiempos que vivimos teniendo muy en cuenta una apuesta decidida por la búsqueda de sinergias y complementariedades con el emprendimiento privado en su conjunto  para, de esta forma, liberar de recursos y presión a un sistema que de otra manera será incapaz de afrontar el futuro con las garantías suficientes para sus ciudadanos tal y como pronostican ya los expertos.