La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 ha mostrado la necesidad de impulsar reformas que den un nuevo impulso a nuestro sistema sanitario y nos permitan reorganizar los recursos para ser capaces de reaccionar con rapidez y eficacia ante futuras emergencias de salud pública.

Es cierto que esta crisis tiene algunas características singulares: se trata de una pandemia global que ha afectado a todo el planeta y desde el principio, por tratarse de un virus desconocido, hemos tenido que enfrentarnos a ella con un claro déficit de información. A esto se une que Europa no se encontraba ante una situación similar desde hace más de un siglo. Estas características explican la dubitativa y tardía respuesta inicial y muestran que nadie estaba preparado para hacer frente a una situación como esta.

Ya han pasado algunas semanas y nuestro sistema sanitario vuelve a recuperar poco a poco la normalidad. Es pronto para establecer conclusiones contundentes, pero esta pandemia ha puesto sobre la mesa varios aspectos que debemos analizar. En primer lugar, un hecho muy positivo: la crisis ha demostrado la capacidad del sistema sanitario para hacer frente a situaciones de crisis integrando en la respuesta a todos los medios disponibles, sean públicos o privados. En este sentido, el compromiso de los grupos sanitarios privados para hacer frente a la pandemia ha sido ejemplar: desde el primer momento hemos trabajado junto a las autoridades sanitarias de manera coordinada y con máxima lealtad, asumiendo nuestra responsabilidad. A la vez, debemos reconocer el buen trabajo y la profesionalidad de los sanitarios, que han dado una gran lección de compromiso y capacidad.

Por otro lado, es evidente que la pandemia ha mostrado las carencias y debilidades de un sistema muy eficiente en la gestión sanitaria cotidiana, pero con poco músculo para hacer frente a las grandes crisis de salud pública. Esa debilidad se explica por varios factores: la anemia de nuestros departamentos de salud pública, que deben ser potenciados y dotados con capacidad para desarrollar estrategias y planes de actuación preventivos que permitan dar una respuesta precoz a las amenazas; la falta de una industria nacional complementaria del sistema sanitario que permita contar con una reserva estratégica de material para atender las necesidades asistenciales; las carencias en los sistemas de alerta, detección y reacción rápida ante situaciones de emergencia sanitaria y crisis de salud pública; y las dificultades de coordinación entre las diferentes administraciones públicas y de estas con la sanidad privada.

La última gran reforma de nuestro sistema sanitario se realizó hace 35 años y, aunque ha envejecido de manera aceptable, el mundo para el que estaba diseñado el modelo ha cambiado enormemente. Necesitamos una nueva reforma que resuelva las carencia reveladas por la pandemia y nos permita dar al sistema la cohesión y el impulso que necesita; que potencie la atención primaria como eje vertebrador; que responda al reto del envejecimiento de la población y al incremento de la cronicidad; que conecte los servicios sociales con los sanitarios, una necesidad perentoria, como ha demostrado esta crisis; que incorpore los avances tecnológicos y la medicina a distancia; que consolide una financiación suficiente, en el entorno de al menos el 7% del PIB, para garantizar la sostenibilidad del sistema; y que establezca una coordinación permanente con la sanidad privada.

El sector sanitario privado ha demostrado su responsabilidad y su compromiso frente a la COVID-19. Ahora estamos en disposición de seguir avanzando y trabajar con las administraciones en el diseño del modelo sanitario español para las próximas décadas. No nos sobran los recursos; tampoco el tiempo. El momento de hacerlo es ahora.